Un acuerdo secreto entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha atraído la atención internacional al ser revelado a través de documentos judiciales. Este pacto, firmado entre la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la administración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, establece que Estados Unidos pagará $4.76 millones (aproximadamente 6.6 mil millones de wones coreanos) a El Salvador, a cambio de que este país reciba a más de 200 inmigrantes deportados. La preocupación por los derechos humanos ha aumentado, ya que estos inmigrantes serán detenidos en el notorio 'Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)' de El Salvador.

Este acuerdo se concretó a través de una carta oficial que el Departamento de Estado de EE. UU. envió al gobierno salvadoreño el 22 de marzo de 2025. La carta estipulaba que los $4.76 millones debían usarse exclusivamente para la administración penitenciaria y el apoyo logístico necesario para la detención de los inmigrantes. Un aspecto notable es la cláusula que prohíbe el uso de estos fondos para brindar asesoría legal o conectar a los solicitantes de asilo con abogados. Además, se prohibió el apoyo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y a actividades relacionadas con servicios de salud reproductiva.

 
La controversia de la Ley de Enemigos Extranjeros

Este acuerdo se hizo público como prueba en una demanda presentada por la organización de derechos civiles 'Democracy Forward'. La organización criticó a la administración Trump por intentar deportar a inmigrantes rápidamente, basándose en una antigua ley de 1798 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley contiene una disposición que permite al presidente detener o deportar extranjeros en tiempos de guerra o de invasión amenazante. La administración Trump aplicó esta ley, designando a la banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' como una fuerza invasora, lo que resultó en la deportación de más de 200 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a El Salvador.

Sin embargo, el 3 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones emitió un fallo que prohíbe al presidente Trump utilizar esta ley para acelerar las deportaciones de inmigrantes. Este fallo sugiere que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema. Las organizaciones de derechos de los inmigrantes argumentan que la ley es inconstitucional, ya que puede privar a las personas de su libertad sin el debido proceso legal.

 
Advertencias de organizaciones de derechos humanos

En un comunicado, Sky Perryman, presidente de Democracy Forward, declaró: "La correspondencia entre Estados Unidos y El Salvador confirma lo que hemos sospechado durante mucho tiempo". Añadió que "la administración Trump no tomó ninguna medida para proteger a los inmigrantes de la tortura, la detención indefinida y otros abusos en las notorias prisiones de El Salvador". También enfatizó que el acuerdo impuso estrictas restricciones sobre el uso de los fondos, mientras ignoraba por completo los derechos humanos y la protección legal de los inmigrantes.

Este incidente demuestra que el nuevo enfoque de Estados Unidos sobre la inmigración podría entrar en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos. El hecho de que Estados Unidos haya proporcionado fondos para instalaciones de detención en lugar de ayuda humanitaria, haya bloqueado el asesoramiento legal e incluso haya prohibido el apoyo a las agencias de la ONU, revela claramente su intención de abordar la inmigración únicamente como una cuestión de seguridad. Parece difícil que esta medida evite las críticas de ir en contra de los valores de los derechos humanos y la ayuda humanitaria del siglo XXI.